El exjuez de paz de Fray Marcos Santiago Lorenzo fue procesado con prisión por dos delitos de falsificación de documento público confeccionados para permitir el traslado de un niño desde España sin el consentimiento de su padre. El procesamiento se trata del segundo en un mes, ya que es el mismo juez que se apropió de un billete falso de $ 2.000 y lo utilizó para pagar cuentas.
La jueza Letrada en lo Penal de 11º Turno, Dra. Ana de Salterain, dispuso el procesamiento con prisión del ex juez de Paz de Fray Marcos, Santiago Lorenzo, por la falsificación de documentos públicos con la firma de otro juez que permitieron el ingreso ilegítimo de un niño al país, sustraído por la madre de éste de su lugar de residencia en España; causa por la que ya era investigado antes de que en setiembre fuera procesado por apoderarse de un billete de mil pesos falsos y una moto. A.M., uruguaya que residía en Barcelona, viajó a Uruguay en noviembre de 2015 con su hijo J.G., menor, sin consentimiento del padre del niño, valiéndose de una “autorización para viajar” de origen apócrifo enviado por el procesado. Según indica el auto de procesamiento, el documento que le permitió a la madre trasladar a su hijo a Uruguay fue una "autorización para viajar apócrifa", que había sido supuestamente emitida por el juez letrado de Familia de 21º Turno de Montevideo, cuya firma figuraba al pie del documento. Al enterarse, el juez implicado presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia. En los documentos figuraba la firma del padre y del juez de Familia autorizando el traslado, pero ambas habían sido falsificadas.
Según probó la Justicia, la hermana de la madre del niño conocía al juez Lorenzo porque era cliente en la óptica en la que trabajaba. La mujer le contó que su hermana necesitaba viajar a Uruguay con su hijo pero que no tenía el consentimiento del padre del niño.
Según alegó ante el juzgado de Familia de Familia de Flores de 2º Turno, que llevaba el caso de restitución internacional, la mujer decidió viajar a Uruguay porque había sido victima de violencia doméstica por parte del padre del menor.
El ahora procesado se ofreció para solucionar el tema a través de "un socio". Fue así que confeccionó una resolución falsa, que habilitó a la mujer a salir de España con el menor, cosa que hizo dos días después. Ya en Uruguay, realizó un nuevo documento falso para prorrogar la residencia del niño en Uruguay.
El documento que le permitió trasladarse a Uruguay junto a su hijo fue una “Autorización para viajar” apócrifa, supuestamente emitida por el Juzgado Letrado de Familia de 21º Turno de Montevideo, figurando al pie del documento una firma sobre el nombre del juez Silvestre Barreda, que no es de su autoría, ni titular de dicha Sede y tampoco actuó como subrogante en la misma. El padre del niño toma conocimiento que su hijo se encontraba en Uruguay, sin su autorización, ante lo cual formula denuncia ante el Consulado Uruguayo en Barcelona.
Por su parte, el juez Barreda, al tomar conocimiento del documento apócrifo donde figuraba su nombre, inmediatamente planteó la denuncia para que se investigaran los hechos ante la Suprema Corte de Justicia y el Juzgado de Crimen Organizado en el mes de diciembre de 2015.
La investigación permitió establecer que, una vez en Montevideo con su hijo, A.M. obtuvo del juez Lorenzo, entonces juez de Paz de Villa del Carmen, Durazno, un segundo documento también apócrifo, a los efectos de prorrogar la estadía del niño en Uruguay.
En su resolución, la magistrada expresa que la declaración del juez Silvestre Barreda “resulta creíble en que efectivamente, el juez pudo tener fácil acceso al sello del Juzgado, desde que las oficinas de ambos letrados eran contiguas, y no resulta cuestión menor que los documentos apócrifos corresponden a la de Villa del Carmen, juzgado donde se había desempeñado el indagado”.
“Por último, no se vislumbra razón alguna para que las indagadas A.M. y su hermana L.M. declaren que fue Santiago Lorenzo quien participó en la confección de dichos documentos que permitieron que el niño fuera sustraído ilegítimamente de España. Por el contrario, la primera conocía a Lorenzo casi desde su niñez según sus declaraciones, y esa misma circunstancia la coloca en un lugar vulnerable en su rol de indagada” subraya la jueza de Salterain. La magistrada resolvió iniciar un nuevo proceso al ex juez de Fray Marcos, Santiago Lorenzo, por dos delitos de falsificación de documento público, en régimen de reiteración real. Asimismo, resolvió que “se dispondrá la prisión preventiva atendiendo al reciente antecedente del indagado y a que el delito que se le imputa prevé pena mínima de penitenciaría”.
El caso de restitución tomó estado público por la particular forma que encontró la jueza, Fatima Boné, de redactar la sentencia para que pudiera ser entendida por el menor: "soy la Juez Fátima que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el Juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos Miriam y José o si debes volver a España donde está tu papá y los otros abuelos Beatriz y Antonio", le escribió.
Informo LATORRE FM 103.9 y www.fmlatorre.net
La jueza Letrada en lo Penal de 11º Turno, Dra. Ana de Salterain, dispuso el procesamiento con prisión del ex juez de Paz de Fray Marcos, Santiago Lorenzo, por la falsificación de documentos públicos con la firma de otro juez que permitieron el ingreso ilegítimo de un niño al país, sustraído por la madre de éste de su lugar de residencia en España; causa por la que ya era investigado antes de que en setiembre fuera procesado por apoderarse de un billete de mil pesos falsos y una moto. A.M., uruguaya que residía en Barcelona, viajó a Uruguay en noviembre de 2015 con su hijo J.G., menor, sin consentimiento del padre del niño, valiéndose de una “autorización para viajar” de origen apócrifo enviado por el procesado. Según indica el auto de procesamiento, el documento que le permitió a la madre trasladar a su hijo a Uruguay fue una "autorización para viajar apócrifa", que había sido supuestamente emitida por el juez letrado de Familia de 21º Turno de Montevideo, cuya firma figuraba al pie del documento. Al enterarse, el juez implicado presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia. En los documentos figuraba la firma del padre y del juez de Familia autorizando el traslado, pero ambas habían sido falsificadas.
Según probó la Justicia, la hermana de la madre del niño conocía al juez Lorenzo porque era cliente en la óptica en la que trabajaba. La mujer le contó que su hermana necesitaba viajar a Uruguay con su hijo pero que no tenía el consentimiento del padre del niño.
Según alegó ante el juzgado de Familia de Familia de Flores de 2º Turno, que llevaba el caso de restitución internacional, la mujer decidió viajar a Uruguay porque había sido victima de violencia doméstica por parte del padre del menor.
El ahora procesado se ofreció para solucionar el tema a través de "un socio". Fue así que confeccionó una resolución falsa, que habilitó a la mujer a salir de España con el menor, cosa que hizo dos días después. Ya en Uruguay, realizó un nuevo documento falso para prorrogar la residencia del niño en Uruguay.
El documento que le permitió trasladarse a Uruguay junto a su hijo fue una “Autorización para viajar” apócrifa, supuestamente emitida por el Juzgado Letrado de Familia de 21º Turno de Montevideo, figurando al pie del documento una firma sobre el nombre del juez Silvestre Barreda, que no es de su autoría, ni titular de dicha Sede y tampoco actuó como subrogante en la misma. El padre del niño toma conocimiento que su hijo se encontraba en Uruguay, sin su autorización, ante lo cual formula denuncia ante el Consulado Uruguayo en Barcelona.
Por su parte, el juez Barreda, al tomar conocimiento del documento apócrifo donde figuraba su nombre, inmediatamente planteó la denuncia para que se investigaran los hechos ante la Suprema Corte de Justicia y el Juzgado de Crimen Organizado en el mes de diciembre de 2015.
La investigación permitió establecer que, una vez en Montevideo con su hijo, A.M. obtuvo del juez Lorenzo, entonces juez de Paz de Villa del Carmen, Durazno, un segundo documento también apócrifo, a los efectos de prorrogar la estadía del niño en Uruguay.
En su resolución, la magistrada expresa que la declaración del juez Silvestre Barreda “resulta creíble en que efectivamente, el juez pudo tener fácil acceso al sello del Juzgado, desde que las oficinas de ambos letrados eran contiguas, y no resulta cuestión menor que los documentos apócrifos corresponden a la de Villa del Carmen, juzgado donde se había desempeñado el indagado”.
“Por último, no se vislumbra razón alguna para que las indagadas A.M. y su hermana L.M. declaren que fue Santiago Lorenzo quien participó en la confección de dichos documentos que permitieron que el niño fuera sustraído ilegítimamente de España. Por el contrario, la primera conocía a Lorenzo casi desde su niñez según sus declaraciones, y esa misma circunstancia la coloca en un lugar vulnerable en su rol de indagada” subraya la jueza de Salterain. La magistrada resolvió iniciar un nuevo proceso al ex juez de Fray Marcos, Santiago Lorenzo, por dos delitos de falsificación de documento público, en régimen de reiteración real. Asimismo, resolvió que “se dispondrá la prisión preventiva atendiendo al reciente antecedente del indagado y a que el delito que se le imputa prevé pena mínima de penitenciaría”.
El caso de restitución tomó estado público por la particular forma que encontró la jueza, Fatima Boné, de redactar la sentencia para que pudiera ser entendida por el menor: "soy la Juez Fátima que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el Juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos Miriam y José o si debes volver a España donde está tu papá y los otros abuelos Beatriz y Antonio", le escribió.
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